Diversos movimientos, organizaciones sociales y Comunidades Eclesiales de Base, (CEB´s) del Departamento de Morazán, mostraron un rotundo rechazaron a los proyectos de exploración y explotación de minería metálica que se pretenden llevar a cabo en la zona norte de El Salvador. 

 

Fueron más de 500 las personas que se dieron cita en las principales calles de Gotera, en el Departamento de Morazán, el pasado 20 de Septiembre, para marchar y manifestar su rechazo en contra de los 29 proyectos de minería que se quieren ejecutar.

Frente a estos proyectos que amenazan con destruir la salud del ser humano y nuestro medio ambiente, los manifestantes prepararon una pieza de correspondencia, la cual será entregada en la Asamblea Legislativa el próximo jueves 25 de Septiembre, por un representante de cada comunidad de Morazán.

En un fragmento de la pieza de correspondencia se lee textualmente: “Nosotros, los habitantes de Morazán, como defensores y guardianes de los derechos fundamentales del pueblo, manifestamos nuestro rechazo total y enérgico a la introducción de los proyectos mineros en nuestro país, y a las acciones intimidatorias en contra de personas e instituciones que están luchando y resistiendo a la ejecución de proyectos mineros en nuestro país”.  

Además se demanda del gobierno de El Salvador a través de los órganos Ejecutivos y Legislativo del Estado, de velar por la vida del pueblo salvadoreño, haciendo respetar la Constitución Política de la República en su artículo 117, que establece: “Es deber del Estado proteger los recursos naturales así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.

Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción a territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.

Por lo cual, los habitantes de Morazán, que están consientes de la gran amenaza que representa la minera, pide al Gobierno de El Salvador establecer uno o más artículos de ley constitucional, para la prohibición absoluta a la exploración y explotación de minería metálica en El Salvador.